25 jul. 2013

Pensiones con futuro (6)

Un equipo de expertos más fiables que los 12 “sabios”, coordinados por el economista Juan Francisco Martín Seco –colaboradores del Frente Cívico Somos Mayoría, y desde luego desvinculados de los intereses financieros– están elaborando un documento en el que pretenden –como ha sido nuestro propósito en estas entradas– desmontar todas las mentiras de los agoreros que pregonan la ruina de las pensiones. Estaremos atentos a este trabajo y divulgaremos el documento cuando esté listo. Pero, como aperitivo, adjuntamos íntegro un artículo que el propio Martín Seco ha publicado en República.com titulado El salario y las pensiones. Este es el artículo:

«Pongamos un ejemplo y hagamos unos pequeños cálculos –sin duda más simples que la fórmula polinómica con la que nos han obsequiado los expertos gubernamentales. Supongamos un país –no precisamente el de las maravillas– cuya renta anual se reparte entre 80 asalariados (2 euros de promedio) 5 empresarios (5 euros) y 15 pensionistas (1 euro). En total, 200 euros.

Los sabios del lugar, muy alarmados, estiman que dentro de h años, debido al incremento de la esperanza de vida y al cambio en la tasa de natalidad, se va a producir un envejecimiento de la población, de manera que los asalariados serán tan solo 60, mientras los pensionistas pasarán a ser 35. Para no complicar las cosas, supondremos que el número de empresarios no va a cambiar y la población total tampoco. Los doctos expertos, tras sesudas proyecciones, ecuaciones y alguna que otra integral, llegan a la conclusión de que el hecho de que haya menos de dos activos por pasivo, convierte en insostenible el sistema de pensiones, tal como está configurado en la actualidad, y que hay que modificarlo (léase bajar las prestaciones) para hacerlo viable. Desde luego, afirman, las pensiones no podrán actualizarse de acuerdo con la subida de los precios.

Algunos de los que no son sabios, pero saben sumar y multiplicar, no se quedan convencidos y comienzan a hacer sus propios cálculos. Saben que las previsiones más conservadoras aseguran que en ese periodo el Producto Interior Bruto (PIB) y por lo tanto la renta per cápita, ambos a precios constantes, se van a incrementar en un 20% y los precios en un 30%. Teniendo en cuenta ambos porcentajes, el PIB y la renta per cápita, en euros corrientes aumentarán un 56% (1,2×1,3=1,56). Encuentran lógico, por tanto, que los beneficios de los empresarios se incrementen en ese porcentaje. Es decir, que los 5 euros se conviertan en 7,8; y lo mismo respecto a los salarios, que de 2 euros se transformen por término medio en 3,12 euros.

Los no sabios continúan echando cuentas (casi las de la vieja): el PIB en el año n+h será 312 euros (200×1,56); el coste de los salarios 187,2 euros (60×3,12) y el excedente empresarial 39 euros (5×7,8).

Descontando del PIB el coste de los salarios y el excedente empresarial se mantiene un remanente de 85,8 euros. Los no doctos no entienden que –tal como afirman los sabios– no se puedan actualizar las pensiones al menos en una cantidad igual al incremento del coste de la vida.

Asumiendo el supuesto más extremo, el de que los nuevos jubilados hubiesen entrado en el sistema con una pensión equivalente al salario que en ese momento tenían, el coste de actualizar las pensiones por el índice de precios alcanzaría: 15x1x1,30+20x2x1,30 =71,5 euros, cantidad inferior al excedente de 85,8.

Pero aún hay más. Los no expertos se preguntan por qué se va a impedir a los pensionistas participar en el crecimiento económico en la misma medida que lo hacen los asalariados y los empresarios. Al fin y al cabo, si la renta se ha incrementado ha sido por los asalariados y por los empresarios sin duda, pero también por los hoy jubilados que en su día pagaron impuestos con los que financiaron los gastos en educación, en infraestructuras, en sanidad, en justicia y en tantas y tantas cosas que han colaborado a que la productividad haya crecido año tras año.

Así que continuaron haciendo cálculos (solo sumando y multiplicando) e intentaron ver qué ocurriría si las pensiones se actualizasen al igual que los salarios y los beneficios empresariales por el incremento de la renta per cápita: 15x1x1,56+20x2x1,56=85,8 euros. ¡Oh, casualidad! La cifra es exactamente igual a la del remanente. Resulta que también es posible.

Y aunque no son sabios ni expertos, se dan cuenta de que las conclusiones de este sencillo ejemplo son perfectamente extrapolables a cualquier otro modelo más complejo y que la posibilidad se mantiene incluso cuando se hace una suposición tan irreal como la hecha en estos cálculos de que la primera pensión es equivalente al último salario. Solo se precisa que se cumplan dos condiciones: que la renta per cápita se incremente y que se mantenga constante la distribución del PIB, es decir, que ningún colectivo intente engordar su parte de pastel a costa de los demás.

Entonces, ¿por qué los expertos gubernamentales se empeñan en afirmar que es insostenible? ¿Qué es lo que pretenden? Las declaraciones a la prensa de uno de ellos nos pueden facilitar alguna pista. Ha afirmado que resulta evidente que las pensiones no deben crecer por encima de los salarios. Y tan evidente, pero nadie pide tal cosa, a no ser que se esté pensando, y ahí está el quid de la cuestión, en que los salarios deben renunciar al incremento de productividad e incluso a mantener su poder adquisitivo.

Porque lo que está detrás de todas esas presuntas insostenibilidades es la pretensión de modificar año a año la distribución de la renta en contra de los salarios, de las pensiones y a favor del excedente emprFMIesarial (capital y empresas). Ahí confluyen todos los consejos (diríamos imperativos) de Berlín, Bruselas y Frankfurt, allanado el camino por la Unión Monetaria. Y ese es el objetivo también de esos otros sabios del FMI, que no suelen acertar jamás en sus previsiones, que hundieron durante una década América Latina y que se limitan a agitar como un catecismo el consenso de Washington.»

Con este vídeo completamos el contenido de esta entrada (picar aquí)

Seguiremos con las pensiones

18 jul. 2013

Pensiones con futuro (5)

Más opiniones sobre las pensiones

Otros economistas comparten también la idea de que es necesario complementar los ingresos de las cotizaciones con los provenientes de los impuestos, como explica Ignacio Zubiri (Catedrático de Hacienda Pública del País Vasco): “Cabe señalar que financiar las pensiones con impuestos generales (u otros ingresos) es perfectamente legítimo. Simplemente la Seguridad Social no es una gran empresa aseguradora que deba igualar ingresos a gastos. El objetivo de la provisión pública de pensiones es garantizar determinados niveles de bienestar en la jubilación. Y si estos niveles no se pueden financiar con cotizaciones, es legítimo financiarlos con impuestos…”

El economista Eduardo Garzón (hermano del ya citado Alberto) analiza el hecho de invertir el Fondo de Reserva de las pensiones (recordemos, más de 63 mil millones de euros en 2013) para que no sufra ese capital la consiguiente devaluación. No se trata de ponerlo en manos de instituciones privadas, ávidas como hemos visto de meterle mano al botín, sino de invertir directamente en deuda del estado (actualmente en la de Alemania, Francia, Holanda y España, esta con el 97% de inversión del fondo). El economista lo justifica aduciendo que, ante la improbable bancarrota del Estado, la SS sería la primera en cobrar la deuda. Además, la SS, con esta inversión, está contribuyendo a aliviar la deuda pública española.

Nacho Álvarez (economista de la Complutense) critica el modelo que proponen los “altavoces” de los intereses financieros, y comparte la posición de V. Navarro. Por otro lado, en la web Izquierda Anticapitalista, hace referencia a estos datos: “Según información de Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de la Unión Europea (UE). El gasto público español en pensiones fue en 2010 […] de 1.862 euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB)”.

Veamos el planteamiento de tres autores que añaden un nuevo punto de vista, coincidente con el del FCSM, cuyo referente ecológico irrenunciable es La Carta de la Tierra: Florent Marcellesi, Jean Gadrey y Borja Barragué y su libro “Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible”. Declaran sus afinidades ideológicas con el profesor Navarro, pero no comparten su visión de la necesidad de un crecimiento ilimitado de la productividad, aportando una valoración ecológica del desarrollo económico y de las pensiones. 

“He aquí algunas propuestas para imaginar `unas pensiones sin crecimiento’:

1. Las pensiones de las generaciones futuras no requieren crecer más, sea como sea el crecimiento, sino distribuir la riqueza ya existente así como reducir las desigualdades. /…/

2. Desarrollar los servicios fuera de la lógica mercantil (salud, cultura, movilidad…) y el acceso a las riquezas no económicas (vínculos sociales, participación, naturaleza…) para fomentar el «vivir-bien» de las personas mayores en un mundo sostenible. /…/

3. De este modo, favorecer los ingredientes del vivir bien de los jubilados en una sociedad sostenible en torno a cuatro pilares: autogestión, solidaridad, ciudadanía y ecología. /…/

4. Fijar una renta máxima definida como un múltiplo razonable de una renta básica de ciudadanía decente para poner fin a la pobreza monetaria, como la de las personas mayores (en especial las mujeres). /…/

5. Reflexionar sobre la financiación de las pensiones y de los servicios colectivos gratuitos o subvencionados, públicos o asociativos, dedicados a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y a sus actividades en la ciudad./…/

6. Promover una sociedad con altas tasas de empleo remunerado y sin crecimiento de las cantidades. /…/

7. Mantener el derecho a una jubilación de buena calidad a los 65 años. A la vez que redistribuye el trabajo, relativiza la influencia excesiva del trabajo sobre la vida y sobre la Naturaleza. /…/

8. Luchar por la igualdad de las mujeres y los hombres con respecto al empleo de calidad y a los salarios.. /…/

Y concluyen: Es un imperativo que los movimientos transformadores integren esa realidad y hagan propuestas novedosas para combinar a la vez justicia social y sostenibilidad ecológica.”

Daremos un paso más en este intento de aproximación al acosado mundo de las pensiones citando un libro, generoso en su contenido y rotundo en sus argumentos, que nos ayuda a desenmascarar tanta falacia. Su autor: Ciudadano Pérez. Su título: ¿Pensiones en peligro?.... El autor se pregunta si, para evitar la quiebra de la banca, el Estado ha recurrido al dinero de los contribuyentes, ¿por qué no se haría lo mismo para evitar la supuesta crisis del sistema de pensiones? Y concluye: “Que la banca pague lo que debe”.

Solo echo de menos que se cambie el enunciado en negativo, que es la norma, por otro parecido al que encabeza estos artículos: Pensiones con futuro. Los profesores Navarro y Torres han debido entender que los enunciados en negativo terminan lanzando mensajes subliminales de que las cosas van mal y han titulado su reciente libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión. Así de contundente. Recomiendo su lectura para espantar los mitos de nuestros cerebros.


Continuaremos con las pensiones

8 jul. 2013

Pensiones con futuro (4)

La opinión de otros expertos

Al informe FEDEA y al informe de los 12 sabios se contraponen los argumentos de otros economistas, incluso de alguno de los 12 expertos, como hemos anticipado en la entrada anterior. Entre los más contundentes se encuentra el ya mencionado Vicenç Navarro que es uno de los científicos sociales españoles más citados en la Universidad de Pensilvania —no lo hace infalible, pero su crítica a las políticas neoliberales es una garantía—. Junto con Juan Torres y Alberto Garzón publicaron el libro ¿Están en peligro las pensiones públicas?… Con estos autores comenzaremos la exposición de los argumentos que ven viable el futuro de las pensiones siguiendo otro modelo alternativo.

La enésima réplica —que resumimos a continuación— que en este mismo año hizo el profesor Navarro al informe FEDEA, cuyos argumentos se sintetizaron en la entrada anterior, contiene los siguientes contra-argumentos:

1º. La esperanza de vida ha pasado de los 76 a los 80 años, es cierto —dice el profesor—. Pero interpretar eso como que solo la longevidad ha aumentado es un error. Es el promedio el que aumenta. Esto es sobre todo debido a la reducción de la mortalidad infantil. Pone este ejemplo. Pensemos en dos personas. Una tiene 80 años; la otra, muere al nacer. El promedio de esperanza de vida es de 40 años (80+0/2=40). Ahora en otro supuesto, una tiene 80 años y la otra muere a los 20. El promedio de esperanza de vida en este caso es de 50 años (80+20/2=50). Pero es evidente que la longevidad real no ha aumentado.

2º.- Los promedios no recogen las diferencias por clases sociales. En España, las diferencias de longevidad entre un rico y un pobre son de 10 años. (No es justo que el pobre cotice para que el rico cobre pensión durante 10 años más.

3º.- Se dice que el porcentaje del PIB que va a pensiones será insostenible dentro de 50 años, es decir el 8,4% de 2007, subirá a un 15,1% en 2060 (lo que es considerado inasumible, aunque hace 50 años con un gasto del 3%, se vaticinaba que transcurrido ese mismo tiempo el gasto se duplicaría o triplicaría, lo que sería la ruina del sistema; es evidente que el gasto casi se ha triplicado, pero la hucha de las pensiones dispone de 65.000 millones de euros). Al afirmar esto —replica el profesor Navarro— ignoran que todos aceptan que se crecerá el 1,5% anual, es decir, el PIB en 2060 será 2,23 veces mayor. En 2007 los recursos del PIB para los no pensionistas eran del 91,6% (100-8,4). En 2060 los recursos para los pensionistas serán del 15,1% de 223, es decir 33. Por lo que de la tarta del PIB queda 190 (223-33) para los no pensionistas (más del doble del 91,6 de 2007). El incremento del 1,5% de la productividad, aceptado por todos, supondrá más parte de los recursos del PIB para los no pensionistas, a pesar de que aumentara el porcentaje aplicado a los pensionistas.

4º. No se pueden hacer proyecciones exactas sobre la evolución demográfica. Se suele calcular que el número de jóvenes activos en relación con los jubilados disminuirá. Pero esto es equívoco porque, en primer lugar, lo que hay que considerar es el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Tanto uno como otro, están creciendo como consecuencia de la participación de la mujer en el mercado de trabajo (y tiende a aumentar sin llegar aún a los niveles de, por ejemplo, Suecia si se desarrolla una acertada política familiar: escuelas de infancia, servicios domiciliarios…). En segundo lugar, la productividad (salvando el paréntesis coyuntural de la crisis) seguirá creciendo.

5ª Si fuera necesario algún cambio, no debe ser a costa de retrasar la edad de jubilación ni de recortar las pensiones, que son muy bajas, porque los salarios siguen siendo bajos. Cabe aplicar otras medidas: a) Flexibilizar la edad de jubilación, que debe ser un derecho, no una obligación. b) Prohibir la prejubilación, porque beneficia a las empresas, penaliza a la SS y al jubilado. La prejubilación en España recorta un 6% del PIB. c) El Estado debería aumentar su aportación a las pensiones (como en otros países) procedentes de los impuestos generales, como ya se hizo con la Sanidad.

Juan Torres, que comparte los argumentos de Navarro, critica que el FMI haga previsiones alarmistas sobre la evolución de la población jubilada para justificar recortes en las pensiones sin tener en cuenta el incremento en la productividad, que puede permitir (como hasta ahora) que menos empleados puedan sostener a mayor población inactiva. Argumenta también que el balance de la SS, como cualquier otro, pretende el equilibrio entre ingresos y gastos. Lo inaceptable es que las medidas que se tratan de imponer, desde la ideología neoliberal, sean recortar los gastos, desentendiéndose de los ingresos (vía impuestos), olvidando el sentido social que es necesario considerar en la cuestión de las pensiones. Cree que lo importante es determinar hasta qué punto la sociedad está dispuesta a ser solidaria.

Como coautor de la citada obra, también comparte la opinión de ambos profesores el economista y diputado Alberto Garzón. En su blog, sigue insistiendo en que el principal problema es la falta de ingresos que han de venir por una mejora del sistema productivo. Por otro lado, en su libro Esto tiene arreglo, cita el “salario indirecto o social”; la prestación social que desde lo público complementa los recursos de los ciudadanos menos afortunados, como pueden ser los futuros pensionistas, asegurando el acceso a múltiples servicios que les ofrezcan una aceptable calidad de vida. Esto tendría un efecto complementario a las pensiones.


Continuará con más opiniones

1 jul. 2013

Pensiones con futuro (3)

El futuro de las pensiones
Las dos entradas precedentes han puesto de manifiesto el ecosistema político y económico en el que se planifica y se impone la doctrina neoliberal que supone el ataque a las pensiones y el desmantelamiento general del estado del bienestar y la vulneración de los derechos cívicos.

Así podremos entender los intereses ocultos que provocan el supuesto problema de las pensiones: Para los poderes económicos y para los políticos que siguen sus consignas, son inviables si no se reforma el sistema recortando gastos; para otros, defensores de los derechos sociales, el futuro de las pensiones no estaría amenazado si se tuviera la voluntad política de aportar los recursos necesarios. 

Los partidarios de recortar gastos ocultan sus planteamientos ideológicos y tratan de justificar sus políticas interpretando a favor de sus intereses, aprovechando los datos que proporcionan los efectos coyunturales de  la crisis, algunas de las parciales o aparentes verdades como las siguientes:
1- La longevidad de la población española aumentará el número de jubilados.
2- La disminución de la población laboral activa, reducirá el número de cotizantes.
3- La merma progresiva de los salarios reducirá la cuantía de las cotizaciones.
4- El alto índice de desempleo parece un mal endémico que puede durar décadas.
5- Además, la caída de la actividad económica ralentizará el crecimiento del PIB. 
6- El período formativo (hasta el inicio de la etapa laboral) se retrasa desde los 18 hasta casi los 30 años. La edad efectiva de jubilación (incluye las jubilaciones anticipadas) era en 2010 de 61,4 años (hombres) y 63,1 (mujeres). Estos datos indican que se acorta el período laboral y se alarga el de la percepción de pensiones.

No les resulta difícil concluir que, si esta situación persiste, los gastos superarán a los ingresos de las cotizaciones, la hucha de la Seguridad Social se vaciará en pocos años y el sistema será inviable. Por otro lado, se dice que, como mínimo, están garantizadas hasta 2029. Pero muchos economistas y el propio Banco de España venían insistiendo en que había que reformar ya el sistema de pensiones. Es lo que ha llevado a los últimos gobiernos, a través del Pacto de Toledo, a emprender la reforma (con la incomprensible bendición sindical). Esta ya está aquí desde enero: alarga la edad de jubilación hasta los 67 años y el tiempo de cotización para el cálculo de la cuantía de las pensiones se sube de los 15 a los 25 años, de forma gradual hasta 2027. Esta última medida supone una reducción final de la pensión de un 5 %.

Lo previsible es que, con la aplicación de las nuevas políticas neoliberales —que ya están en marcha— las pensiones, directa e indirectamente, como ya ocurre, irán disminuyendo su poder adquisitivo cada año. Para paliar esta situación, desde hace algunas décadas, la publicidad del mundo de las finanzas nos viene recomendando suscribir un fondo de pensiones privado —es el sistema privado de capitalización, frente al sistema público de reparto— como complemento de la jubilación. Es una opción que incrementa el beneficio de las instituciones financieras. Supondría un riesgo real de pérdida de los ahorros de toda la vida, si es que el salario de un trabajador diera para algún ahorro. Es una muestra de la voracidad del interés privado y de la connivencia de los “responsables” públicos que apoyan estas recomendaciones y facilitan su opción con ventajas fiscales. Ni más ni menos que lo marcado en el Libro Blanco sobre Pensiones que la UE presentó en 2012, porque a Bruselas, dirigida por neoliberales a las órdenes de Merkel, los recortes sociales le parecen siempre insuficientes.

Ya en 2010, el llamado informe FEDEA (firmado por 100 economistas afines —según V. Navarro— a los intereses de la banca) partiendo de una interesada interpretación alarmante de unos supuestos datos, solo contemplaba un único modelo: Establecer un sistema automático de cálculo de las pensiones en función de los diferentes factores económicos que surjan en cada momento (factor de sostenibilidad), recortar los beneficios, retrasar la edad de jubilación y contemplar toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones, además de recomendar la opción de los fondos y planes de pensiones complementarios. 

En el presente año 2013, se van cumpliendo una a una todas las amenazas de atacar de frente y sin rodeos las pensiones, tan trabajosamente conseguidas a lo largo de las últimas décadas. Primero con la puesta en marcha de la reforma de 2011 ya mencionada. En segundo lugar, el decreto ley del pasado 15 de marzo, que también hemos comentado. Y el temido informe del comité de expertos citado en las entradas anteriores ha sido entregado al gobierno el pasado mes de mayo. Aunque insinúan que será llevado al Pacto de Toledo, nos tememos que finalmente impongan su mayoría absoluta para cumplir las directrices que marca Bruselas de seguir reformando las pensiones para permitir ampliar el plazo de cumplimiento del déficit —por cierto un problema este que crea el neoliberalismo como escusa y coartada para saquear las arcas del Estado—. Resumiendo y volviendo al tema, la aplicación de las recomendaciones del informe de los doce “sabios” —ya dijimos que nueve de ellos son afines a los intereses de la banca, de las financieras y de las grandes compañías aseguradoras—, con un solo voto en contra y un apoyo incomprensible del
representante de CCOO —aunque con la condición de que se aplazara la aplicación hasta 2019—, supone dos graves atentados a la cuantía de las pensiones, las presentes y las futuras: Uno, desvincular la actualización de las mismas del IPC; si la economía va mal, las pensiones irán mal, lo que pareciendo lógico no deja de ser injusto con los más vulnerables, sobre todo en los malos tiempos. Y algo aún peor porque castiga cruelmente a los más ancianos al reducir año a año la pensión con el pretexto de hacer viable el sistema ante el aumento de la expectativa de vida. A esto hay que añadir lo que se acaba de explicar más arriba que apunta el informe FEDEA.