Colaboración de la compañera Alondra
Ruiz Gallardón ha elaborado una ley para regular mejor
el derecho al aborto, a la que califica de la más progresista del Gobierno.
¿En qué mundo se mueve el Ministro que no oye las voces
de la sociedad (incluida la suya) o de la prensa nacional e internacional que
la tachan de ultrarreaccionaria y abusiva?
Sirva de muestra el editorial (23 -12 -2013) del The
Times –referente mundial del periodismo conservador- que dice: “Trasladar la
legislación penal a un tema de salud y de conciencia de las mujeres es un abuso
de poder del Gobierno”. Una práctica que el editorial asimila a los regímenes
autocráticos.
Dice Gallardón que por primera vez la mujer no es
culpable del aborto. Se puede consentir tamaña ofensa?
Esta ley reduce a la mujer a una mera incubadora y le
niega el derecho a disponer de su cuerpo en los primeros meses del embarazo
(por la contraposición de opiniones sobre la célula cigoto). La convierte en
menor de edad al limitar enormemente los supuestos de una decisión que solo le
corresponde a ella y duda de su criterio al hacerla pasar por el dictamen de
una serie de personas que, a veces, ni ella misma elige.
Dice Gallardón que esta ley protege al concebido y el
derecho de las mujeres a ser madres. ¿Acaso antes se les obligaba a abortar?
En cuanto al concebido, lo más importante no es darle la
vida sino en qué condiciones de calidad se desarrollará esa vida y, muy
posiblemente, alguien que nace con una grave malformación no disfrute de esa
calidad.
El aborto es una realidad social innegable y esconder la
realidad no la cambia. Solo que, en adelante –como en los tiempos más
siniestros del franquismo y nacionalcatolicismo- quien tenga dinero se irá a un
país desarrollado a que le solucionen su problema o el de su hija adolescente
con todas las garantías y quien no tenga se jugará la vida y posibles futuros
embarazos en manos de un “matarife” y en condiciones deplorables, cuando no inhumanas.
Es otra desigualdad más entre ricos y pobres y otra
concesión al capitalismo (las clínicas y medios privados harán su gran negocio
clandestino; se convierte un derecho social en una privatización más). Como
dice Iñaqui Gabilondo: “La ley desampara a las mujeres y ampara hipocresías”.
Esta ley recoge la ideología de la derecha más extrema.
Se asienta y reafirma en ciertas creencias religiosas -que ven a la mujer como
un ser débil, poco fiable y portadora de pecado- en cuyo mundo se ha instalado
el Ministro, sin tener en cuenta que un legislador ha de legislar para todos
(con sus distintas formas de pensar) y que nadie puede imponer una ideología
(como defiende el Sr. Monago, Presidente de Extremadura, del Partido Popular)
ni puede obligar a un sufrimiento por sus creencias.
Además, es una ley totalmente
innecesaria porque no ha habido controversia social ni datos estadísticos que
justifiquen esta revuelta reaccionaria.