26 mar. 2014

Las Marchas De La Dignidad


Quienes estuvieran en Madrid el pasado sábado 22 de marzo, el llamado 22M, difícilmente evitarían sentir una emoción profunda al saberse pacífica, amable y familiarmente unidos a cientos de miles de conciudadanos que, superando un ancestral miedo, pedían con una sola voz, “pan, trabajo y techo para todos y todas”, “no pagar la deuda ilegítima”, contraída para salvar a la banca de las deudas que contrajo por su ambición y descontrol, “no más recortes” que empobrecen a los más pobres, y “contra la Troyca”, que ha impuesto las políticas neoliberales de la austeridad a los de abajo para mantener el enriquecimiento de los de arriba.

Con estas exigencias legítimas por arma, fueron confluyendo las marchas procedentes de toda España en Atocha para dirigirse a la plaza de Colón. Antes de las cinco de la tarde, una inmensa marea multicolor, con la alegría y el entusiasmo propios de una fiesta de reivindicación popular, inició paso a paso su camino entre pancartas, carteles y lemas proclamados a viva voz.  Los miembros de unas trescientas asociaciones, además de familias enteras y personas de diferentes edades y procedencias se enfilaban cada vez más apiñados por el Paseo del Prado.

A pesar del orden escrupuloso con que se marchaba, un familiar empezó a sentir claustrofobia y nos vimos obligados a salir como pudimos pero sin ser obstaculizados, para acceder a Cólón por las calles Alfonso XII y Serrano. Tuvimos la suerte de llegar al Jardín del Descubrimiento, anexo a la plaza de Cólón, y colocarnos a escasos diez metros del lateral del escenario desde el que ya se estaban manifestando por la megafonía las reivindicaciones que motivaron y justificaban las marchas. Faltaba mucho para las seis de la tarde. Allí había personas muy mayores, familias con niños pequeños, algunos marchantes que nos dieron la mala noticia de que la guardia civil estaba parando a muchos autocares a las afueras de Madrid con el pretexto de hacer registros rutinarios, y coincidimos con miembros del cuerpo de bomberos de distintas ciudades que se unieron a las marchas porque se consideraban “Bomberos quemados”.

Una enorme marea seguía llegando a la plaza mientras en el escenario el coro Solfónica (que toma ese nombre porque lo creó el 15M de la Puerta del Sol) entonaba cantos a la libertad y a la justicia. Las arengas y los lemas se sucedían coreados y aplaudidos por la multitud. Hubo un sorprendente momento en el que desde la organización se pidió: “Compañeros, por favor, continúen hacia la Castellana para dejar sitio a otros compañeros que aún se encuentran en Atocha sin poder salir”. Casi dos horas después del inicio de las marchas, un espacio de dos kilómetros se había colapsado. La misma voz, creo que de la periodista Olga Rodríguez, anunció: “Compañeros, ¿sabéis cuántos somos?”… “¡Dos millones y medio!”. Sin duda era una cifra demasiado optimista, pero muy superior a los treinta y tantos mil que estimó la policía. Otras fuentes calcularon que pasó del millón.

Pasadas las siete, para no perder el tren, decidimos volver por donde habíamos venido, eludiendo encontrarnos con las marchas que aún seguían casi bloqueadas. En efecto, cuando accedimos desde Alfonso XI al Paseo del Prado, la marcha del Frente Cívico en la que nos habíamos integrado al principio en la Cuesta Moyano, estaba llegando a Cibeles, ¡más de dos horas después!

De vuelta hacia Córdoba, en el tren, como una aparente fatalidad que amenaza a todas las actividades reivindicativas, nos enteramos de que sobre las ocho y media (la manifestación estaba autorizada hasta las nueve) la policía había entrado en la plaza para cargar contra un grupo de violentos que provocaron a los antidisturbios con piedras y petardos. Lo que había sido una fiesta de reivindicación pacífica que nos llenó de satisfacción y sobre todo del orgullo que nació de la voluntad colectiva por recuperar la dignidad arrebatada, podría ser manipulada ofreciendo en los medios (como así ocurrió) las imágenes de esa minoría indiscutiblemente violenta, y utilizarla para justificar la intervención indiscriminada de los antidisturbios confundiendo a la opinión pública.

Hasta aquí hemos intentado contar de forma objetiva los hechos de los que fuimos testigos el sábado. Deseábamos poder consultar los medios el domingo para completar la información de qué pasó a partir de las ocho y media. Nuestros temores se confirmaron: En el telediario de las nueve (media hora después) ya se ofrecieron las imágenes y la noticia de que las marchas que empezaron pacíficas acabaron en violencia. Apenas hubo medios que separaron claramente lo que fueron las marchas por un lado de los actos violentos por otro. Sí hubo quien, basándose en experiencias anteriores, planteaba la sospecha de que, en la entrada a la calle Génova, infiltrados de la policía simularon la provocación, que secundarían los violentos, para justificar las cargas, a esa hora, con el tiempo justo para que el telediario abriera con las imágenes de la “violencia de las marchas”. A partir de ese momento nadie hablará del éxito de las marchas.

Condenamos la acción violenta de esas minorías pero hay que reconocer que hay vídeos en los que se observan actuaciones de la policía, al menos contradictorias: cargar con mucha dureza contra un grupo de marchantes pacíficos que portaban una pancarta por Recoletos. De la actuación en general de la policía y de las órdenes recibidas ha saltado una extraña polémica y denuncias del cuerpo hacia sus superiores. Aunque sobre los detenidos ya tenemos información que la justicia tendrá que dilucidar, la cuestión de los heridos no está suficientemente aclarada. Con todo lo ocurrido no dejan de hacerse interpretaciones que necesitan ser aclaradas con una investigación imparcial que será difícil que asuma el gobierno y lo que es peor: está intentando poner todos los medios para criminalizar las marchas como el disparate de querer expedientar a la organización.

Deberíamos aprender de los errores y de los riesgos que se corren con las imprevisibles derivas a que llevan las acciones violentas originadas por grupos ajenos a los fines de las marchas o por infiltrados policiales, si fuera el caso. El 22M ha gozado de una legión de voluntarios que han trabajado generosamente y con una evidente eficacia, desde la logística hasta la asistencia jurídica, para que la organización sea casi perfecta, como parece que ha sido. Pero hay que detectar los aspectos mejorables para que la eficacia sea total y para evitar que la opinión pública sea manipulada y confundida. Una primera reflexión nos lleva a proponer tres mejoras:

1.       Parece que fue un error que todas las marchas se concentraran en Atocha. ¿Por qué La Castellana estaba vacía desde el mismo límite con Colón? A los primeros que llenaron la plaza no se les podía pedir que se desplazasen hacia la Castellana, como pedía la organización, porque no es sensato pedir que se abandone la mejor posición. Lo acertado hubiera sido que las marchas del Norte de España hubieran arrancado desde un punto equidistante en el Paseo de la Castellana para confluir ambas columnas en Colón.

2.       Si se quiere convertir la lucha por los derechos cívicos en algo permanente, ha de crearse una estructura que garantice al máximo el carácter pacífico de la misma. ¿No podría crearse, no por obligación legal sino por vocación pacifista, un cordón de seguridad en los lugares estratégicos, formado por numerosos voluntarios con cualidades idóneas para detectar, contener, aislar y, en su caso, denunciar a los elementos que muestren sus intenciones violentas?

3.       Incrementar la información a los ciudadanos y ciudadanas por todos los medios posibles de una forma clara y sencilla de los fines de estos movimientos. Y aún con más ahínco para tratar de contrarrestar la masiva manipulación que elabora el sistema. Si se falsean los hechos causando una injusticia en el presente, no se puede pretender que los futuros historiadores, con la perspectiva de varios decenios, sean objetivos.


Cabe añadir por último una reflexión más: Si Cataluña ha sido capaz de formar una cadena de norte a sur de la Comunidad con la ciudadanía unida por la voluntad de decidir sobre su futuro, ¿sería posible unir todas las capitales españolas con la voluntad de que emerja la conciencia de soberanía popular?

3 mar. 2014

La Mezquita Catedral de Córdoba


Que “la propiedad es sagrada” se convirtió en los últimos siglos en axioma fundamental de la burguesía, que es tanto como decir del capitalismo. Por otro lado, el aserto de que la “propiedad es un robo” que enarboló el socialismo científico, ha sido desprestigiado y combatido por todos los poderes establecidos, incluida la jerarquía eclesiástica. Esta situación de privilegio se ha consolidado a lo largo de la historia porque la posesión de riquezas y propiedades garantiza el dominio de unos sobre otros, de los de arriba sobre los de abajo. Y ahí están los estados con sus leyes ad hoc y sistemas represivos para reforzar esa garantía.

Si consultamos la Constitución Española de 1978 y su posterior desarrollo legislativo observaremos que los artículos que han sido desarrollados con más rigor son los que defienden el derecho de la propiedad privada. Al contrario de lo que ha ocurrido con los derechos sociales, como el derecho al trabajo, a una vivienda digna o al de la libertad de expresión y manifestación (tan amenazados y vulnerados en la actualidad).

En este contexto político, social y económico surge el debate de las posesiones de la Iglesia y muy especialmente de la propiedad de la Mezquita Catedral de Córdoba, que la Iglesia Católica viene ocupando, gestionando y abriendo para ser visitada, no solo por los fieles sino por todos los públicos sin discriminación. Desde 1236 esto ha ocurrido sin incidencias importantes hasta los últimos años. ¿Por qué ha cambiado todo de repente?

Casi todo el mundo conoce la característica especial del monumento cordobés: una catedral incrustada como una macla en la antigua mezquita, que a su vez conserva en sus entrañas los restos de la basílica cristiana de San Vicente. El Emperador Carlos V (a cuya realeza, y no a la institución eclesiástica, correspondía la propiedad de los bienes conquistados), que autorizó la obra de la Catedral en el interior de la Mezquita, se arrepintió cuando al visitar Córdoba dijo que, para construir una catedral como las que hay en cualquier otro lugar, se había destruido algo único. Pero “a lo hecho pecho”, porque esta singular joya arquitectónica, cultural, histórica y religiosa mereció en los años ochenta ser considerada por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Pero toda la calma viene a romperse como consecuencia de que el gobierno de Aznar decreta una ley en 1998 que permite a la jerarquía eclesiástica registrar como propios los bienes que la Iglesia venía gestionando tiempo atrás; bastaba con un certificado de la propia institución religiosa para que tuviera el valor de documento público notarial: es la llamada inmatriculación. Esto permitirá al cabildo, como propietario legal, regular las visitas, obtener pingües beneficios económicos y limitar la denominación del monumento eliminando el término mezquita para dejarlo en Catedral de Córdoba. Ningún visitante está autorizado para explicar a sus acompañantes la mezquita: si quiere informarse debe pagar un guía. Los residentes o nacidos en Córdoba pueden hacer la visita diurna de forma gratuita, el resto debe pagar ocho euros; las visitas nocturnas son más caras. Por supuesto, el cabildo elude pagar impuestos porque considera el pago de entradas como donación voluntaria.

La Iglesia inmatriculó la Mezquita Catedral en 2006 y se considerará definitivamente de su propiedad en 2016. Ante la polémica suscitada, el Cabildo declaró hace unos días a la prensa que hasta ahora, registrar lo que venía “perteneciendo” a la Iglesia desde hacía casi ocho siglos, era innecesario. Podemos preguntar, ¿por qué ahora sí es necesario? ¿Se debe a una avidez sin límites de poder y riqueza en unos tiempos en que la crisis está beneficiando a los que ya son poderosos? ¿Por qué acusan a los defensores de lo público de querer robarles la Catedral de Córdoba? ¿Es que no le iban bien las cosas como estaban? Y nos haremos la misma pregunta que se hizo Miguel Hernández sobre los olivos de Jaén: ¿Quién levantó esos muros? Por cierto: las costosas rehabilitaciones corren por cuenta de las arcas públicas que se nutren de nuestros impuestos.

Está claro que los bienes materiales que la Iglesia ambiciona, olvidando su vocación de pobreza, están en contra de la frase evangélica “mi reino no es de este mundo”. Los llamados cristianos de base han declarado su desacuerdo con esta escalada de la Iglesia por poseer lo que debería pertenecer al pueblo, cuyos sacrificios y esfuerzos a lo largo de la historia hicieron posible la existencia de esa obra grandiosa.

Y la polémica ha puesto en marcha unas campañas de firmas a favor de mantener la titularidad pública, se dice que con más de 120 mil firmas, en estos momentos, entre las que se incluyen personas de prestigio internacional. De otro lado, los partidarios de que la Iglesia consiga la propiedad están aumentando su número con personas no menos relevantes del mundo afín a la Iglesia Católica. Al parecer se está a la espera de que la UNESCO manifieste su punto de vista sobre esta cuestión en la que la ley de 1998, que ningún gobierno posterior derogó, beneficia a la Iglesia.


Hasta aquí exponemos de forma sencilla, y creemos que hasta cierto punto imparcial, cómo está el asunto. Que cada cual elabore su propia opinión y decida en consecuencia si lo cree oportuno.