La Mezquita Catedral de Córdoba

Que “la propiedad es sagrada” se convirtió en los últimos siglos en axioma fundamental de la burguesía, que es tanto como decir del capitalismo. Por otro lado, el aserto de que la “propiedad es un robo” que enarboló el socialismo científico, ha sido desprestigiado y combatido por todos los poderes establecidos, incluida la jerarquía eclesiástica. Esta situación de privilegio se ha consolidado a lo largo de la historia porque la posesión de riquezas y propiedades garantiza el dominio de unos sobre otros, de los de arriba sobre los de abajo. Y ahí están los estados con sus leyes ad hoc y sistemas represivos para reforzar esa garantía.

Si consultamos la Constitución Española de 1978 y su posterior desarrollo legislativo observaremos que los artículos que han sido desarrollados con más rigor son los que defienden el derecho de la propiedad privada. Al contrario de lo que ha ocurrido con los derechos sociales, como el derecho al trabajo, a una vivienda digna o al de la libertad de expresión y manifestación (tan amenazados y vulnerados en la actualidad).

En este contexto político, social y económico surge el debate de las posesiones de la Iglesia y muy especialmente de la propiedad de la Mezquita Catedral de Córdoba, que la Iglesia Católica viene ocupando, gestionando y abriendo para ser visitada, no solo por los fieles sino por todos los públicos sin discriminación. Desde 1236 esto ha ocurrido sin incidencias importantes hasta los últimos años. ¿Por qué ha cambiado todo de repente?

Casi todo el mundo conoce la característica especial del monumento cordobés: una catedral incrustada como una macla en la antigua mezquita, que a su vez conserva en sus entrañas los restos de la basílica cristiana de San Vicente. El Emperador Carlos V (a cuya realeza, y no a la institución eclesiástica, correspondía la propiedad de los bienes conquistados), que autorizó la obra de la Catedral en el interior de la Mezquita, se arrepintió cuando al visitar Córdoba dijo que, para construir una catedral como las que hay en cualquier otro lugar, se había destruido algo único. Pero “a lo hecho pecho”, porque esta singular joya arquitectónica, cultural, histórica y religiosa mereció en los años ochenta ser considerada por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Pero toda la calma viene a romperse como consecuencia de que el gobierno de Aznar decreta una ley en 1998 que permite a la jerarquía eclesiástica registrar como propios los bienes que la Iglesia venía gestionando tiempo atrás; bastaba con un certificado de la propia institución religiosa para que tuviera el valor de documento público notarial: es la llamada inmatriculación. Esto permitirá al cabildo, como propietario legal, regular las visitas, obtener pingües beneficios económicos y limitar la denominación del monumento eliminando el término mezquita para dejarlo en Catedral de Córdoba. Ningún visitante está autorizado para explicar a sus acompañantes la mezquita: si quiere informarse debe pagar un guía. Los residentes o nacidos en Córdoba pueden hacer la visita diurna de forma gratuita, el resto debe pagar ocho euros; las visitas nocturnas son más caras. Por supuesto, el cabildo elude pagar impuestos porque considera el pago de entradas como donación voluntaria.

La Iglesia inmatriculó la Mezquita Catedral en 2006 y se considerará definitivamente de su propiedad en 2016. Ante la polémica suscitada, el Cabildo declaró hace unos días a la prensa que hasta ahora, registrar lo que venía “perteneciendo” a la Iglesia desde hacía casi ocho siglos, era innecesario. Podemos preguntar, ¿por qué ahora sí es necesario? ¿Se debe a una avidez sin límites de poder y riqueza en unos tiempos en que la crisis está beneficiando a los que ya son poderosos? ¿Por qué acusan a los defensores de lo público de querer robarles la Catedral de Córdoba? ¿Es que no le iban bien las cosas como estaban? Y nos haremos la misma pregunta que se hizo Miguel Hernández sobre los olivos de Jaén: ¿Quién levantó esos muros? Por cierto: las costosas rehabilitaciones corren por cuenta de las arcas públicas que se nutren de nuestros impuestos.

Está claro que los bienes materiales que la Iglesia ambiciona, olvidando su vocación de pobreza, están en contra de la frase evangélica “mi reino no es de este mundo”. Los llamados cristianos de base han declarado su desacuerdo con esta escalada de la Iglesia por poseer lo que debería pertenecer al pueblo, cuyos sacrificios y esfuerzos a lo largo de la historia hicieron posible la existencia de esa obra grandiosa.

Y la polémica ha puesto en marcha unas campañas de firmas a favor de mantener la titularidad pública, se dice que con más de 120 mil firmas, en estos momentos, entre las que se incluyen personas de prestigio internacional. De otro lado, los partidarios de que la Iglesia consiga la propiedad están aumentando su número con personas no menos relevantes del mundo afín a la Iglesia Católica. Al parecer se está a la espera de que la UNESCO manifieste su punto de vista sobre esta cuestión en la que la ley de 1998, que ningún gobierno posterior derogó, beneficia a la Iglesia.

Hasta aquí exponemos de forma sencilla, y creemos que hasta cierto punto imparcial, cómo está el asunto. Que cada cual elabore su propia opinión y decida en consecuencia si lo cree oportuno.